Fiscal de Shelby County Combate Intento del Estado de Desestimar Desafío Constitucional
El principal fiscal del Condado de Shelby se niega a retroceder en su desafío constitucional a leyes estatales que dice atacan ilegalmente la independencia de su oficina.
MEMPHIS, TENNESSEE — El Fiscal del Distrito del Condado de Shelby, Steve Mulroy, se opone al intento del Fiscal General de Tennessee de desestimar su desafío constitucional a dos leyes estatales que, según él, atacan ilegalmente a su oficina.
Mulroy presentó una respuesta en el Tribunal de Equidad del Condado de Shelby después de que el Fiscal General Jonathan Skrmetti solicitara desestimar la demanda. El fiscal del distrito mantiene que la ley estatal y decisiones judiciales previas respaldan su derecho a desafiar la legislación.
“Este caso se trata de preservar la independencia de una oficina que responde ante los votantes del Condado de Shelby”, dijo Mulroy en un comunicado. “Creemos que estas leyes son inconstitucionales, y estamos pidiendo a los tribunales que las revisen por sus méritos. La gente del Condado de Shelby merece que estas preguntas sean consideradas completamente”.
Leyes Apuntan a Casos del Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis
La demanda se centra en dos leyes aprobadas este año que Mulroy afirma interfieren ilegalmente con el manejo de casos de su oficina derivados del Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis. El grupo de trabajo combina autoridades policiales locales, estatales y federales y fue ordenado por el Presidente Donald Trump y el Gobernador Bill Lee.
La Ley de Responsabilidad del Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis requiere que la oficina de Mulroy presente reportes cada 10 días detallando cualquier desestimación o acuerdo de cargos presentados por el grupo de trabajo. Mulroy argumenta que esto coloca una carga indebida en su personal para compilar información, una tarea complicada por la negativa del grupo de trabajo de proporcionar detalles importantes sobre cada caso.
Estado Busca Amplios Poderes de Supervisión
La segunda pieza de legislación, conocida como la Ley de Auditoría y Pro Tem, otorga al fiscal general del estado autoridad para revisar archivos internos de la oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Shelby y compartirlos con legisladores estatales. La ley también permite auditorías del “razonamiento” detrás de decisiones fiscales en casos del grupo de trabajo.
La Ley de Auditoría y Pro Tem permite al fiscal general del estado solicitar a la Corte Suprema de Tennessee que nombre un fiscal especial en ciertas circunstancias, expandiendo aún más la supervisión estatal de funciones fiscales locales.
La batalla legal representa un conflicto entre la autoridad estatal y local sobre asuntos de justicia criminal en el condado más poblado de Tennessee. Mulroy ha argumentado que las leyes representan una intrusión inconstitucional en la independencia fiscal local.
El caso permanece pendiente en el Tribunal de Equidad del Condado de Shelby mientras ambas partes preparan sus argumentos sobre las cuestiones constitucionales planteadas por la legislación.
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