Corte Suprema Evalúa el Uso Policial de Datos de Ubicación de Celulares en Casos Criminales
La Corte Suprema escuchó argumentos sobre si la policía puede continuar usando órdenes judiciales geográficas para obtener datos de ubicación de celulares.
WASHINGTON, D.C. — La Corte Suprema de Estados Unidos el lunes pareció inclinada a permitir que las agencias del orden público continúen obteniendo órdenes judiciales para datos de ubicación de celulares cerca de escenas del crimen, aunque los jueces expresaron preocupaciones sobre equilibrar las necesidades investigativas con las protecciones de privacidad durante los argumentos orales.
El caso surge de una investigación de robo bancario en Virginia donde la policía usó una orden judicial geográfica para identificar sospechosos, planteando preguntas sobre cómo las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros irrazonables se aplican a las investigaciones digitales modernas.
Jueces Buscan Término Medio sobre Privacidad Digital
Varios jueces cuestionaron a ambas partes durante los argumentos orales del lunes, sin que ningún juez expresara apoyo total para prohibir completamente las órdenes judiciales geográficas. La Jueza Amy Coney Barrett resaltó la complejidad del tema, diciéndole al Procurador General Adjunto de EE.UU. Eric Feigin que mientras él había descrito la posición de su oponente como maximalista, “existe el riesgo de que la posición del gobierno sea maximalista en el sentido contrario”.
“Iba a decir que esto parece muy complicado desde el punto de vista del usuario, francamente”, dijo Barrett durante los procedimientos, según el Ohio Capital Journal.
Las órdenes judiciales geográficas permiten a la policía identificar teléfonos dentro de un área geográfica específica durante un período de tiempo determinado. Durante las últimas dos décadas, estas órdenes se han convertido en una herramienta investigativa importante para las agencias del orden público a nivel nacional.
Amplio Apoyo de Agencias del Orden Público
Los datos obtenidos a través de órdenes judiciales geográficas pueden proporcionar pistas en casos donde las identidades de los sospechosos son desconocidas. Una amplia coalición bipartidista de fiscales generales estatales ha instado a la Corte Suprema a mantener el uso de estas órdenes, subrayando su importancia percibida para las investigaciones criminales.
Las órdenes funcionan requiriendo que las compañías tecnológicas proporcionen datos de ubicación para todos los dispositivos dentro de un área definida durante un marco de tiempo específico, permitiendo a los investigadores desarrollar listas de sospechosos en casos que de otra manera podrían quedar sin resolver.
Defensores de la Privacidad Plantean Preocupaciones Constitucionales
Los grupos de libertades civiles se oponen a las órdenes judiciales geográficas, argumentando que crean redes digitales que capturan datos de personas inocentes que por casualidad están en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estos defensores sostienen que acceder a datos de todos dentro de un área geográfica constituye una orden general prohibida por la Constitución.
La Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos prohíbe registros e incautaciones irrazonables, pero la Corte Suprema continúa lidiando con cómo estas protecciones se aplican mientras los teléfonos inteligentes y las aplicaciones de rastreo de ubicación se han vuelto ubicuas en la vida estadounidense.
La decisión eventual de los jueces impactará significativamente qué tan fácilmente los investigadores pueden obtener datos de ubicación de compañías tecnológicas e influenciará las protecciones de privacidad para millones de usuarios de teléfonos inteligentes en todo el país.
La corte no ha indicado cuándo emitirá su fallo en el caso, que se originó de la investigación del robo bancario en Virginia que exitosamente usó datos de orden judicial geográfica para identificar y arrestar a los sospechosos.
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